Por Juan Carlos Alcocer
Noticias judiciales
Atlántico, Colombia — En un contundente golpe contra la corrupción, la Policía Nacional confirmó la captura de 17 personas implicadas en una red criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de predios en el departamento del Atlántico. La operación, producto de un año de investigación, reveló la participación de funcionarios públicos clave en este esquema de usurpación de tierras.
Entre los capturados se encuentran tres registradores de Instrumentos Públicos, dos inspectores de Policía, un notario, un calificador de Instrumentos Públicos y un asesor jurídico de la Alcaldía de Soledad. Según el brigadier general Yecid Peña, comandante de la Región 8 de la Policía, los implicados enfrentan cargos por concierto para delinquir y falsedad en documento público, con fines de apropiación ilegal de tierras.
La red operaba mediante la omisión de controles legales y la falsificación de documentos, otorgando apariencia de legalidad a predios que luego eran vendidos de forma fraudulenta. Uno de los terrenos afectados estaba destinado a la construcción de un Megacolegio y fue fraccionado y vendido en lotes a un valor estimado de $50 millones cada uno.
En total, se estima un detrimento de más de $22 mil millones, afectando cerca de 277.000 metros cuadrados y a más de 1.800 familias. Las autoridades aseguraron que con estas capturas se busca recuperar la confianza de constructoras e impulsar nuevamente proyectos urbanísticos en la zona.
Legalizan capturas contra funcionarios públicos vinculados en robo de tierras en Soledad
El juez Ángel Augusto Monroy Rodríguez con funciones de control de garantías ambulante de Barranquilla validó la detención contra los 16 capturados, a excepción de un sujeto debido a una irregularidad en la orden de captura emitida en su contra.
En la mañana de este martes 15 de abril, comenzaron las audiencias contra 17 capturados por robo de tierras en Barranquilla y Soledad, entre los hoy privados de la libertad destacan funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Soledad.
La audiencia comenzó a partir de las 10:00 a.m., cuando la Fiscalía Octava contra la Corrupción de Bogotá presentó ante el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla el extenso grupo de capturados por presuntamente integrar una red dedicada al robo de tierras en el Atlántico.
Si bien, la audiencia había comenzado temprano, esta se alargó hasta altas horas de la noche debido a las pruebas que fueron aportadas por la fiscal contra los acusados, como también la actuación de defensa de los abogados y posterior a eso el debido estudio del juez para determinar si eran legales o no dichas capturas.
Pese a que la defensa de los hoy capturados se opuso a la legalización de sus detenciones argumentando que; “No versa un GAO o un GDO y que además se estudiara la posibilidad o más bien la legitimidad de esta decisión”, el despacho tuvo la oportunidad de verificar la documentación enviada por la Fiscalía General de la Nación, determinando que las capturas eran legales.
“En cuanto a las capturas se revisó por parte del despacho cada una de las 17 carpetas teniendo en cuenta naturalmente los diferentes ítems que plantearon los 12 defensores, repito pues son siete temas en los que coincidieron los 12 defensores y se revisaron cada uno de los aspectos para precisar si tenían o no razón. El despacho encuentra que las capturas que se adelantaron por parte de la policía judicial frente a las personas aquí puestas a disposición son legales”, afirmó Monroy.
Fue así como el juez Ángel Monroy decretó legal la captura en contra de Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, Iván Páez, registrador de Soledad; y David De Castro, exregistrador de Soledad.
Como también la captura de Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Sala, con ese mismo oficio; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Bossio, abogado; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular, José Peñaloza, supuesto poseedor irregular; y Roque José Lugo, presunto testigo falso.
Sin embargo, el juez determinó que la orden de captura contra Marlon Mora Montesino, Inspector de la Policía, no era legal debido a un error en la orden de detención, puesto que al momento de hacer copia del texto este no se escribió completo.
“Todas las capturas son legales, excepto en el caso del señor Marlon Mora Montesino. Vemos que la orden de Mora Montesino se comió la mitad del enunciado…Fecha de los hechos, hechos ocurridos desde el 30 de enero de 2019 hasta la fecha…No dice más, quizás por el copia y pegue, por alguna razón que desconozco, no es de mi competencia precisa que pasó, pero la orden está incompleta en ese punto frente a este ciudadano. En caso tal no tenga otro requerimiento pendiente, ordeno su libertad de manera inmediata. De resto, todas las órdenes cumplen con ese requisito”, resaltó el juez.
El juez Ángel Monroy informó que las audiencias continuarán en horas de la tarde de este miércoles 16 de abril, exactamente a las 2:00 p.m., donde se determinará el futuro de los capturados.
Red de robo de tierras: uno de los predios debía ser destinado a la construcción de un megacolegio
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, 17 personas capturadas son presuntamente señaladas de haber participado en este caso.
Una gran operación de la Policía Nacional en asocio con la Fiscalía permitió la captura de 17 personas que estarían aprovechándose de manera fraudulenta y descarada de los bienes públicos destinados para el pueblo.
No obstante, la Policía sentenció que este apenas sería el primer duro remezón para todos funcionarios corruptos que se creían intocables e invisibles ante la lupa de la justicia.
Durante la primera etapa, fueron capturados Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, Iván Páez, registrador de Soledad; David De Castro, exregistrador de Soledad; y Marlon Mora, inspector de Policía.
A su vez, se encuentran Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Sala, con ese mismo oficio; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Bossio, abogado; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular, José Peñaloza, supuesto poseedor irregular; y Roque José Lugo, presunto testigo falso.
Cabe reseñar que la Fiscalía punteó a los capturados de los delitos de falsedad en documento privado, invasión de tierra o edificaciones, estafa, falsedad material en documento público, prevaricato por acción, fraude procesal, prevaricato por omisión, uso de documento falso, urbanización ilegal, falso testimonio, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, peculado por apropiación, cohecho, entre otros.
Los roles de cada integrante
Los Registradores de Instrumentos Públicos, permitían el registro de predios y otorgaban matrículas inmobiliarias y el reloteo de las mismas; asimismo el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.
Los Notarios permitían la protocolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios obtenidos de manera irregular sin las revisiones previas de pago de impuestos y/o verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias.
El Calificador de instrumentos públicos, como revisor jurídico de la oficina de instrumentos públicos, omitía sus funciones de verificación documentos que cumplan con la legalidad para inscribirse en el registro (registros catastrales, pago de impuestos entre otros).
Los Inspectores de Policía, emitían amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.
Los Registradores de Instrumentos Públicos, permitían el registro de predios y otorgaban matrículas inmobiliarias y el reloteo de las mismas; asimismo el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.
Los Notarios permitían la protocolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios obtenidos de manera irregular sin las revisiones previas de pago de impuestos y/o verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias.
El Calificador de instrumentos públicos, como revisor jurídico de la oficina de instrumentos públicos, omitía sus funciones de verificación documentos que cumplan con la legalidad para inscribirse en el registro (registros catastrales, pago de impuestos entre otros).
Los Inspectores de Policía, emitían amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.
Los terrenos ocupados
Dentro de los terrenos ocupados ilegalmente se contaba con una extensión de tierra que debía ser destinada para la construcción de un megacolegio y fue desviado a manos de particulares, quienes lo fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes, cada uno con un valor aproximado de $50 millones.
De estos predios corroborados documentalmente se conoce su avaluó comercial por aproximadamente $22 mil millones.
Dentro de los terrenos ocupados ilegalmente se contaba con una extensión de tierra que debía ser destinada para la construcción de un megacolegio y fue desviado a manos de particulares, quienes lo fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes, cada uno con un valor aproximado de $50 millones.
De estos predios corroborados documentalmente se conoce su avaluó comercial por aproximadamente $22 mil millones.
En ese sentido, se vieron afectados cerca de 277.000 metros cuadrados, los cuales fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelados y vendidos de forma engañosa a familias.
De esta manera, además, se ha afectado a los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras y la ocupación ilegal de zonas de uso público para el uso y goce de la comunidad, las cuales tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
Comentarios
Publicar un comentario