Imputan al hijo de Diomedes Díaz por presunto secuestro y tortura: esto fue lo que sucedió

 

La eventual aceptación de cargos y la decisión de si serán enviados a una cárcel será tomada en la tarde de este viernes.

Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz, durante la audiencia de imputación de cargos.



Por Juan Carlos Alcocer 

Noticias judiciales 

Poco a poco se van conociendo las razones de la judicialización que se adelanta contra Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, y las otras cinco personas que harían parte de su red de cobradiarios, debido a que en la tarde de este jueves fueron imputados por los delitos de secuestro simple, secuestro agravado y tortura por la presunta retensión ilegal y agresiones que habrían perpetrado contra otro de sus trabajadores, aparentemente acusado de tener una deuda con ellos de entre 15 y 30 millones de pesos.

Durante la diligencia, el fiscal Rodrigo Restrepo fue muy específico en el relato del presunto secuestro de Carlos Alfredo Mejía Vargas, a quien, según la autoridad, sólo fue liberado hasta que un aparente actor criminal ordenó su salida.

A sus padres, por no tener el dinero solicitado para su rescate, al parecer les propusieron hasta poner su vivienda en nombre de uno de los gota a gota de la compañía.

“En la vivienda ubicada en el barrio Ciudad Modesto de Barranquilla, estos procesados, actuando previo acuerdo y con distribución funcional de tareas, ejecutaron un plan criminal consistente en privar ilegalmente de la libertad a Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien laboraba como cobrador de la empresa informal de préstamos Soluciones Mano a Mano, al atribuirle la pérdida de una suma de dinero entre 15 y 30 millones de pesos perteneciente a dicha organización. 

En desarrollo del plan criminal, varios de los intervinientes arribaron en aproximadamente 10 motocicletas hasta la residencia de la víctima.Tras exigir su presencia e intimidar con armas de fuego a los ocupantes del inmueble, obligaron a Carlos a salir y a abordar una de las motocicletas utilizadas por el grupo”, dijo inicialmente.

“Paralelamente, mientras Carlos Alfredo Mejía Vargas permanecía ilegalmente privado de la libertad, varios de los integrantes de la organización establecieron comunicación con sus familiares, exigiendo inicialmente el pago de 15 millones de pesos como condición para su liberación. Posteriormente, ante la manifestación de no contar con esa suma de dinero, incrementaron la presión sobre la familia proponiendo que transfirieran la vivienda de propiedad de la hija de la familia mediante la suscripción de la correspondiente escritura pública a favor de una persona designada por la organización. Manteniendo las amenazas de causar daño a la víctima y a sus familiares en caso de no acceder a sus exigencias”, agregaron

De hecho, el fiscal considera que el episodio fue protagonizado por al menos 16 cobradiarios más, al parecer, encargados de propinarle puños, tablazos y hasta heridas con armas de fuego y cortopunzantes que derivaron en 20 días de incapacidad, según Medicina Legal. Se cree que fue sometido de tal manera que, el mismo Carlos Mejía, llegó a suplicar que le quitaran la vida.

“Fue sometido a impactos con tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes, agresiones con la cacha y la punta de un arma de fuego, heridas ocasionadas con arma cortopunzante en mano derecha y en una de sus piernas, además de amenazas permanentes de muerte, mientras era insultado, señalado de ladrón y advertido de que sería asesinado si no aceptaba la responsabilidad que le imputaban o no indicaba dónde se encontraba el dinero”, siguió narrando.

Sobre el rol del hijo de Diomedes Díaz en el hecho

Acerca del rol específico que habría tenido el hijo de Diomedes Díaz, explicó el fiscal que, además de ser el alto mando de la compañía de cobros Soluciones a la Mano, habría sido la supuesta mente maestra detrás de las agresiones y cobros extorsivos a la familia de la víctima.

La eventual aceptación de cargos y la decisión de si serán enviados a una cárcel será tomada en la tarde de este viernes, debido a que la jueza Shiela Ortega Téllez dio un plazo para que los abogados defensores hablaran con sus protegidos y analizaran un posible preacuerdo con el ente acusador.