Contraloría abre indagación a CNE por contratos y sobrecosto en capacitación de testigos electorales

 

Las indagaciones preliminares abarcan la ejecución de contratos destinados a diversos componentes operativos clave para el proceso democrático

Por Carolina Trujillo

La Contraloría General de la República ordenó de manera oficial la apertura de una indagación preliminar contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). El propósito fundamental de esta actuación es verificar la existencia de posibles irregularidades y sobrecostos en los contratos celebrados por la entidad electoral para la capacitación y acreditación de los testigos electorales de cara a las elecciones de 2026.

El foco de la investigación y los componentes bajo análisis

La fiscalización del organismo de control se origina ante la relevancia de estos procesos contractuales, cuyas cuantías totales están aún por determinar.

Las indagaciones preliminares abarcan la ejecución de contratos destinados a diversos componentes operativos clave para el proceso democrático.

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Entre estos componentes se encuentran la adquisición y desarrollo de herramientas tecnológicas, la contratación de servicios de ciberseguridad, la elaboración y distribución de cartillas informativas, y la realización de las actividades directas de capacitación de los testigos electorales.

Para cada uno de los contratos del historial, la entidad investigadora exige conocer detalladamente la fecha de inicio y de terminación, el valor estipulado, el objeto del contrato, su estado actual de ejecución, la identidad del interventor o supervisor a cargo, y la relación exhaustiva de todos los pagos realizados.

Además, el requerimiento hace especial énfasis en la entrega de los contratos firmados de manera directa con las empresas LinkTic y BexTechology.

Estas compañías de carácter tecnológico resultan ser piezas clave del proceso debido a que integran la mencionada unión temporal, con una participación del 95% y del 5%, respectivamente.

ue la apertura de este proceso de indagación preliminar no constituye una declaración de responsabilidad fiscal ni administrativa para el CNE o las empresas implicadas.

Esta acción constituye únicamente el inicio de las verificaciones legales correspondientes que corresponden al organismo de control.